La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó hoy de la precariedad que tienen los servicios de salud en varios centros penitenciarios de al menos cinco ciudades del país.

Funcionarios del ente visitaron varias cárceles ubicadas en Bogotá, Villavicencio, Tuluá, Quibdó y Popayán, donde evidenció las deficiencias en la prestación de los servicios de salud, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

El manejo de los residuos hospitalarios en la cárcel San Isidro de Popayán, departamento del Cauca, es motivo de "preocupación" para el organismo porque "hace más de tres meses que dichos elementos no son retirados del establecimiento".

Al descomponerse, esos elementos representan un riesgo para los reclusos y el personal del centro.

"La situación en San Isidro es de tal naturaleza que hay tutelas (recursos de amparo) para obtener un simple Omeprazol", agregó el comunicado.

En Tuluá y Bogotá encontraron que los reclusos que padecen de VIH no reciben medicamentos desde enero, una situación que también afecta a los pacientes de hipertensión y diabetes.

"Tal como se ha advertido en otras oportunidades para distintos centros de reclusión, las cárceles de Villavicencio y Quibdó carecen de insumos médicos y la asistencia de la red externa de operadores es nula o precaria", agregó la información.

Según la Defensoría del Pueblo, los profesionales contratados por el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad a través de Fiduprevisora y Fiduagraria ya no prestan sus servicios "debido al incumplimiento en el pago de los honorarios".

Por ello, requirieron al Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad que le informe al país si tiene capacidad de asegurar los servicios mínimos que demanda esta situación.

Asimismo, solicitaron a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que contrate cuanto antes la "auditoría respecto a las obligaciones del consorcio fiduciario".

El defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, envió el pasado 18 de marzo una comunicación escrita al presidente Juan Manuel Santos en la que solicitó la intervención directa del Gobierno frente a esta situación.

La Defensoría "insiste y espera que se acuda a mecanismos de choque como la emergencia social que tanto se ha pedido para los establecimientos de reclusión en el país", concluyó.

La Corte Constitucional de Colombia publicó en abril del año pasado una resolución que da un plazo máximo de tres años al Gobierno para que garantice los derechos fundamentales de los presos bajo la advertencia de que, si el Ejecutivo no cumple, cerrará seis cárceles del país.

La superpoblación de las cárceles colombianas ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la Defensoría.

EFE